La Corte de La Haya sienta bases legales para responsabilizar a países por daños climáticos
Un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia define por primera vez que los Estados tienen una obligación jurídica de mitigar el cambio climático y compensar a las naciones más afectadas. Se abre un nuevo camino para países más chicos y desprotegidos como los de Oceanía.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 23 de julio de 2025 un dictamen asesor que redefine el marco legal del cambio climático a nivel global. El tribunal concluyó que los Estados no solo deben reducir sus emisiones, sino también proteger activamente a las poblaciones vulnerables de los impactos del calentamiento global. Esta decisión, aunque no vinculante, marca un punto de inflexión en el derecho internacional ambiental.
La opinión fue solicitada por un grupo de pequeños Estados insulares liderados por Vanuatu, que argumentaron que el aumento del nivel del mar y los fenómenos extremos amenazan su propia supervivencia. Tras años de presión diplomática y el respaldo de más de 130 países, el tribunal aceptó evaluar la cuestión.
Con el fallo, la CIJ reconoce que la crisis climática vulnera derechos humanos fundamentales, como la vida, la salud y la vivienda.
El documento establece que los compromisos asumidos en el Acuerdo de París no son meras promesas políticas, sino obligaciones legales. En consecuencia, los países con mayores emisiones históricas deberán demostrar esfuerzos proporcionales para limitar el calentamiento y, en caso de incumplimiento, podrían enfrentar demandas internacionales.
Impacto en las naciones más vulnerables
El dictamen abre la puerta a que los países en desarrollo reclamen compensaciones por los daños sufridos debido al cambio climático. Según el texto, las naciones industrializadas tienen el deber de proveer financiamiento y transferencia tecnológica para apoyar la adaptación en regiones más expuestas. Este principio podría traducirse en nuevos fondos internacionales o en litigios ante tribunales regionales.
Para los Estados insulares del Pacífico, esta decisión es vista como un triunfo histórico. Sus representantes afirman que, por primera vez, una corte reconoce de manera clara que la inacción de las grandes potencias no solo es inmoral, sino también contraria al derecho internacional. Esta afirmación podría convertirse en un punto de apoyo para futuras negociaciones en cumbres climáticas como la COP30.
Sin embargo, varios países emisores, como Estados Unidos y China, han mostrado cautela ante las posibles consecuencias. Argumentan que, aunque el dictamen no es obligatorio, podría generar un aluvión de demandas y tensiones diplomáticas en un momento crítico para la transición energética global.
Retos y perspectivas futuras
Uno de los principales desafíos será probar la relación directa entre emisiones pasadas y daños actuales. Los jueces reconocieron que la ciencia climática ha avanzado lo suficiente para establecer conexiones causales, pero admiten que los litigios requerirán peritajes complejos y modelos predictivos precisos. Este punto será clave para que los tribunales nacionales apliquen el precedente de La Haya.
El fallo también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas. Aunque el dictamen se enfoca en los Estados, establece que estos deben regular las actividades privadas bajo su jurisdicción. Esto podría derivar en demandas contra compañías petroleras o de carbón cuyos productos contribuyen de manera significativa a las emisiones globales.
A futuro, expertos prevén que esta opinión de la CIJ impulse una ola de litigios climáticos y reformas legales. Más allá de los tribunales, el dictamen presiona a los gobiernos para que eleven la ambición de sus compromisos climáticos y aceleren la transición hacia energías limpias, en línea con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C.